Será la primera universidad por el nivel de presupuesto que administra.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) notificó hoy a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que comenzará la auditoría en esa institución . En un comunicado, señalaron que las autoridades de esa casa de estudios no contestaron a los mensajes enviados por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y al correo electrónico oficial del rectorado.
Por ese motivo, «se decidió entregar la notificación en un documento físico, para evitar más dilaciones», argumentaron desde SIGEN. «Así, el equipo de la Sindicatura General de la Nación remitió en mano en la mesa de entradas de la Rectoría de la UBA, la nota que indica que comenzarán los trabajos de auditoría en esa casa de estudios», indicaron.
La última vez que la SIGEN realizó una auditoría a la UBA fue en 2013, pero luego se cambió el criterio porque se consideró que se violaba la autonomía universitaria.
«En 2022, un dictamen del entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, de noviembre 2022, durante la presencia de Alberto Fernández, había impedido a la Sindicatura auditar las universidades nacionales, situación que se revirtió el 15 de octubre último, con un dictamen firmado por el actual Procurador, Rodolfo Barra, que vuelve a otorgar la Sindicatura General de la Nación la capacidad de auditar las universidades», aseguró SIGEN.
La auditoría comenzará con un relevamiento de los procesos internos de cada repartición, luego se realizará una identificación de los controles, referido a los movimientos de fondos, y en tercer lugar se evaluará su funcionamiento.
«Revisamos el destino, la aplicación, la documentación sustentadora, si están de acuerdo los objetivos, y si se han subcontratado a terceros. Generamos un informe que se discute con las autoridades, y luego se eleva a Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y Secretaria General de la Presidencia. También al rector», explicó el titular Miguel Bianco.
Además, aclaró que en el caso de encontrar irregularidades se contrastará la información con las autoridades auditadas para evitar problemas de interpretación, y si se confirman esas irregularidades se enviará el informe a la Oficina Anticorrupción y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
