Este lunes, en una conferencia de prensa realizada en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno, el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, expresó el respaldo del Ejecutivo provincial a la ley recientemente aprobada por la Legislatura, que prohíbe la intermediación de terceros en la distribución de ayudas sociales.
Gutiérrez explicó que, debido al feriado, no pudieron emitir antes su opinión sobre la nueva legislación, aunque desde el Ejecutivo, incluyendo al propio gobernador, ya habían promovido un proyecto de ley con características similares. «La prohibición de la intermediación es algo que este gobierno ha planteado desde que asumimos,» subrayó el secretario.
La nueva ley busca unificar el sistema de becas y las asignaciones sociales en áreas como salud y vivienda, con un enfoque en criterios objetivos y transparencia. Gutiérrez destacó la importancia de responsabilizar a los funcionarios en la asignación de estos beneficios, señalando que anteriormente se otorgaban de manera indiscriminada a determinadas personas. «El dinero no salía solo de las cuentas públicas; había funcionarios responsables que ahora tratan de eludir sus responsabilidades con discursos extraños,» afirmó.
Gutiérrez mencionó que la plata discutida en juicios por lavado de dinero provenía del Instituto de Ayuda Financiera para la Educación y Promoción (IAFEP) y no llegó espontáneamente a los bolsillos de los delincuentes. «Es crucial hacer convenios con el gobierno nacional y unificar criterios», añadió.
El secretario también enfatizó la necesidad de que los beneficiarios de ayudas sociales cumplan con una contraprestación, como estudiar, aprender un oficio o prepararse para el mercado laboral. «Es la única forma de asegurar que el dinero no se desperdicie», dijo.
Un aspecto destacado de la nueva ley es el artículo 12, que prohíbe la asignación de beneficios sociales a personas imputadas de algún delito, lo que automáticamente les hará perder el beneficio. «Es una buena manera de asegurar que los beneficios lleguen a quienes se conducen con honestidad y no a quienes están vinculados al delito», comentó Gutiérrez.
Finalmente, la ley prevé la creación de un canal de denuncias y un órgano de control para garantizar su cumplimiento. «Este es un paso significativo hacia la transparencia y la responsabilidad en la distribución de ayudas sociales», concluyó Gutiérrez.
Fuente: Diariotag.
