En la mañana de este viernes, la Fiscalía Federal de Resistencia solicitó 10 años de prisión para Aída Ayala y Jacinto Sampayo en el marco de la causa «Lavado II» por su presunta participación en un negociado vinculado a la recolección de basura mientras ejercía su cargo municipal.
Después de una extensa jornada que duró casi cuatro horas, la fiscalía federal solicitó además una condena de ocho años de prisión para los empresarios Carlos Huidobro, Alejandro Fischer y Pedro Alberto Martínez. Estos están acusados de defraudación contra la administración pública y lavado de activos agravado.
EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL SOLICITÓ:
1) Se condene a la ciudadana Aída Ayala de las demás condiciones obrantes de este expediente como coautora penalmente responsable por los delitos de: negociación incompatible con el ejercicio de la función pública (artículo 265 del Código penal), incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y defraudación contra la administración pública (artículo 174 inciso 5 del Código Penal) a la pena de 6 años de prisión más inhabilitación perpetua en concurso ideal, estos hechos precedentes (artículo 154 del Código Penal) en concurso real (artículo 55) con el delito de lavado de activo agravado como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza (artículo 303. 2, inciso a) en calidad de coautora a la pena de 10 años de prisión más multa de dos veces el monto de la operación solicitando la pena única de 10 años de prisión (artículo 58 del código penal) accesorios legales y costas más el decomiso de los bienes utilizados en el delito del lavado de activos.
2) Se condene al ciudadano Jacinto Sampayo de las demás condiciones personales obrantes en este expediente como coautor penalmente responsable por los delitos de negociación incompatibles con el ejercicio de la función pública (artículo 265 del Código penal), incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y defraudación contra la administración pública (artículo 174 inciso 5 del Código Penal) en concurso ideal entre sí (artículo 54 del código penal) a la pena de 6 años de prisión más inhabilitación perpetua en concurso real (artículo 55) con el delito de lavado de activo agravado como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza (artículo 303. 2, inciso a) en calidad de coautor a la pena de 10 años de prisión más multa de dos veces el monto de la operación solicitando la pena única de 10 años de prisión (artículo 58 del código penal) accesorios legales y costas más el decomiso de los bienes utilizados en el delito del lavado de activos.
LA CAUSA:
Según la acusación, Ayala habría asignado de manera irregular el contrato de recolección de basura a la empresa «Pimp S.A.», presuntamente vinculada al secretario general del gremio de empleados judiciales de Resistencia. Se estima que este negocio ilícito habría involucrado alrededor de 260 millones de pesos, que luego se habrían lavado a través de diferentes mecanismos.
El juicio reveló detalles sobre la presunta trama corrupta, argumentando que la empresa «Pimp S.A.» fue creada con el único propósito de asegurar la licitación de la recolección de residuos en Resistencia. Los fiscales sostienen que Ayala y el secretario general del sindicato de empleados municipales, Jacinto Sampayo fueron «los arquitectos» de esta operación, que se habría llevado a cabo entre 2014 y 2018.
A pesar de las acusaciones, Ayala negó cualquier irregularidad y se autodenominó como una «intendente exitosa». Sin embargo, su paso por el gobierno local y su posterior desempeño como diputada nacional fueron empañados por estas graves acusaciones de corrupción. El caso generó gran atención en la provincia de Chaco y en el ámbito nacional, evidenciando la importancia de combatir la corrupción en «todas sus formas».
Fuente: Diariotag.
